La diversidad sexual está bajo la mirilla de Donald Trump

Nota: este artículo es parte de una serie que encapsula las diferentes poblaciones que se verán impactadas negativamente por las políticas públicas propuestas e implementadas por la administración Trump 2025 

Durante el primer mes de su segundo mandato, el presidente Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que afectan significativamente a la comunidad LGBTQ+.

Las medidas han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y han generado desafíos legales en diversos estados y jurisdicciones. 

En primer lugar, firmada el 20 de enero del 2025, esta orden establece que el Gobierno Federal reconocerá únicamente dos sexos: masculino y femenino, determinados al nacer. Además, instruye a las agencias federales a eliminar el uso del término "género" en favor de "sexo" en todos los documentos y políticas oficiales. 

También prohíbe la financiación federal para cuidados de afirmación de género y la inclusión de la identidad de género en documentos oficiales como pasaportes. Esta medida restringe el reconocimiento y los derechos de las personas transgénero y no binarias, limitando su acceso a documentos de identidad que reflejen su identidad de género y afectando su interacción con instituciones federales.

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Una semana después, el presidente Trump firmó una orden que prohíbe el apoyo federal a tratamientos de transición de género para menores de 19 años, incluyendo terapias hormonales y cirugías de afirmación de género. 

Como resultado, varios hospitales en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C., cancelaron citas relacionadas con cuidados de transición para menores, temiendo la pérdida de fondos federales. 

Esta acción ha generado incertidumbre y ansiedad entre las familias de jóvenes transgénero, quienes consideran estos tratamientos como vitales para el bienestar de sus hijos.

El 5 de febrero del 2025, se emitió una orden que interpreta las reglas federales del Título IX como una prohibición para que mujeres y niñas transgénero participen en deportes femeninos. Esta política excluye a las atletas trans de competencias que se alinean con su identidad de género, afectando su derecho a la participación equitativa en actividades deportivas y potencialmente limitando sus oportunidades de desarrollo personal y académico. 

Estás órdenes ejecutivas tienen amplias repercusiones en el sector de salud, a nivel de acceso a servicios y en el entorno social. En el ámbito de salud, la prohibición de tratamientos de afirmación de género para menores puede llevar a un aumento en la disforia de género no tratada, afectando la salud mental y emocional de jóvenes transgéneros. 

Además, la restricción de fondos federales para estos tratamientos pudiese limitar la disponibilidad de servicios especializados, que inclusive para adultos. 

Dentro del contexto de acceso a servicios, al exigir documentos oficiales que reflejen únicamente el sexo asignado al nacer, las personas transgénero y no binarias se enfrentan desafíos al acceder a servicios que requieren identificación, como empleo y viajes. 

A nivel de entorno social, las políticas que excluyen a las personas transgénero de espacios como deportes y servicios públicos pueden fomentar un clima de intolerancia y discriminación. Esto no solamente afecta a la comunidad, sino también a la cuestión y diversidad social en general. 

La implementación de estas políticas continúa evolucionando, y su impacto total dependerá de futuros desarrollos legales y sociales.